Varias decenas, tal vez cientos de resoluciones judiciales contra empresas del Grupo Anfi han sido dictadas en los últimos años por irregularidades y violaciones legales en el área de contratos de tiempo compartido ofrecidos por las empresas. Al principio, los importes que se consiguió ante los tribunales podían ser cobrados, incluso con avales bancarios. Mientras tanto, sin embargo, las ejecuciones fracasan con frecuencia y las cuentas bancarias parecen haber sido vaciadas. Dado que las empresas responsables a menudo tampoco respondieron a las solicitudes judiciales de indicar otros activos, el Ministerio Fiscal de Las Palmas inició una investigación hace meses con la sospecha de un delito criminal a perjuicio de los acreedores.
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